DEJAN PRESCRIBIR DECENAS DE INFRACCIONES EN UN RESIDENCIAL DE EDEN DEL MAR

J.M. Dolón y J. Hurtado conceles Verdes de Torrevieja

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja deja prescribir decenas de infracciones urbanísticas en un  residencial promovido por una de las empresas del Grupo de Edén del Mar, no tramitando las correspondientes sanciones y órdenes de derribo, todo ello  pese a tener fehaciente constancia de las irregularidades existentes. Precisamente en un plan parcial donde participan todos los actores, a saber,  ejecutado sobre unos terrenos propiedad de la mercantil que le vendió la finca al exAlcalde , Pedro Hernández Mateo, y urbanizada por la empresa que le compró la finca al exAlcalde y diputado.

Un informe técnico del área de Disciplina Urbanística adscrita al Servicio de Urbanismo, relaciona hasta 29 infracciones, detectadas en la mayoría de los casos durante los años 2004 y 2005, no existiendo explicación razonada alguna que justifique la prescripción o paralización de dichos expedientes.

En esta amplia relación de infracciones urbanísticas no se hacen constar las infracciones ejecutadas con anterioridad  al año 2004, de las que se tienen constancia desde el año 1999, fecha en la que el promotor inició los trabajos de urbanización y la ejecución de varios bloques de viviendas sin disponer de la aprobación previa y preceptiva del plan parcial de dicho sector urbanístico, hechos que fueron denunciados en sesión plenaria por los concejales de Los Verdes, tal y como consta en el acta que recoge la aprobación de la referida actuación.

El Grupo Municipal de Los Verdes ha pedido explicaciones sobre esta situación de anormalidad al Alcalde de Torrevieja, por considerar que se le podría haber dado un trato privilegiado al promotor al permitir que se haya construido por encima del máximo de la edificabilidad permitida,  y para ello han presentado una batería de preguntas para que sean contestadas en la próxima sesión plenaria, en las que tratarán que el Alcalde aclare las muchas dudas que se plantean.

Tras la denuncia de Los Verdes, el TSJ asume la causa contra Hernández Mateo por las basuras.

Pedro Ángel Hernández Mateo imputado por prevaricación y falsedad documental

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana será el encargado de determinar si hay indicios suficientes para procesar al exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo por prevaricación y falsedad documental en la contrata de recogida de residuos adjudicada por el ayuntamiento. Ayer, la sala de lo civil y penal del alto tribunal valenciano se declaró competente para investigar esta causa, por la que el exregidor ya declaró como imputado en un juzgado de instrucción de Torrevieja. Como diputado autonómico por el PP, Hernández Mateo goza de la condición de aforado, y por ello es el TSJ quien tiene la competencia para continuar la investigación contra él una vez que la juez de Torrevieja ha considerado que existen indicios delictivos.

La investigación penal, en la que se analiza si Hernández Mateo pudo cometer los delitos de prevaricación y de falsedad documental en la adjudicación del contrato de recogida de basuras del año 2004, será dirigida por el magistrado Juan Climent. Este juez también se encargó de instruir la causa abierta contra el socialista Ángel Luna tras una querella en la que se le acusaba de aceptar que el constructor Enrique Ortiz le pagara unas obras realizadas en su casa, investigación que acabó archivada. La causa en la que está imputado Hernández Mateo se inició en enero 2007 a raíz de la denuncia presentada por el portavoz de Los Verdes en el Ayuntamiento de Torrevieja , José Manuel Dolón. El juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja abrió diligencias previas. Al concurso bajo sospecha se presentaron en 2004 tres empresas, Necso Entrecanales, Urbaser SA e Inusa, esta última propiedad de Enrique Ortiz, precisamente uno de los presuntos cerebros de la trama desmantelada con la 'Operación Brugal'. Según relató la juez de Torrevieja en la exposición motivada elevó al TSJ , el arquitecto municipal alertó de la incompatibilidad de las tres ofertas «desde el punto de vista urbanístico». Por su parte, el economista del Consistorio apoyó las plicas de Ortiz y la secretaria de la corporación, que formaba parte de la mesa de contratación, formuló un voto particular donde exponía «las razones por las que, a su juicio, el concurso debería quedar desierto al no cumplir las ofertas los mínimos exigidos en el pliego de contratación». Hernández Mateo, que presidía la mesa como alcalde, decidió entonces recabar un informe jurídico externo sobre la adjudicación del servicio. Ese informe costó a las arcas municipales 12.000 euros. En la propuesta elaborada para justificar ese pago, el entonces primer edil garantizaba que había cumplido con diversos artículo legales y había «efectuado consulta» a tres despachos de abogados por si estaban interesados. Lo refrendó incluso en su declaración como imputado ante la juez, a la que reiteró «haber cursado personalmente las invitaciones a los tres despachos». Sin embargo, dos de los bufetes negaron ante la juez haber mantenido «cualquier clase de contacto con el Ayuntamiento», así como que se les hubiera «solicitado sus servicios en este caso».

Publicado en: http://www.lasprovincias.es/v/20110910/politica/asume-causa-contra-hernandez-20110910.html

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