El
Alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, continúa en su imparable proceso
de imitación y superación de los comportamientos marrulleros y
arbitrarios que caracterizaron toda una época del Ayuntamiento, cuando
era dirigido por el anterior regidor como si de un cortijo se tratara.
A la intensificación de la opacidad, traducida en la tardanza en dar la
información a la que legítimamente tiene derecho la oposición; o en
retenerla injustificadamente, como ocurre a menudo con las preguntas que
tienen que ser contestadas en Pleno y que se entregan, cuando se
entregan, para que no sean públicas al final de la sesión, pervirtiendo
el sentido del Reglamento Orgánico Municipal; o en contestar
contradictoriamente en función de la coyuntura política, a veces
amparados en la dudosa ética de algunos funcionarios, como hemos tenido
ocasión de comprobar recientemente en el vergonzoso asunto de la Planta
de Transferencia de Basuras, se suma ahora la retención de nada menos
que más de 8 actas de la Junta de Gobierno Local, desde la última a la
que Los Verdes tuvimos acceso, con el peregrino argumento de que los
grupos municipales tenían que pedirla por escrito.
La situación es más grave de lo que pueda parecer, puesto que esta
condición para la dación de actas se establece cuando el presente
mandato municipal esta más que avanzado y, desde el principio, las
referidas actas se venían entregando de oficio sin necesidad de escrito
alguno. Las quejas, que alguna ha habido por parte de la oposición de
Los Verdes, se han referido siempre a la tardanza en la entrega, cuando
ha existido.
Al Grupo Municipal de Los Verdes no le extrañaría nada que esta nueva
práctica obstruccionista se deba a las últimas iniciativas de
fiscalización que se han llevado a cabo y que han puesto de manifiesto
que el cambio de formas que se prometía en las elecciones de mayo no era
más que otra pose hueca de contenido. El ambiente es parecido al que se
vivió no hace muchos años con la supresión injustificada de los plenos
ordinarios, con una clara tendencia a coartar los derechos
fundamentales de la oposición y al incumplimiento del artículo 542 del
Código Penal y de los artículos 103 y 106 de la Constitución Española.
A este paso, la era del “emperador” Hernández Mateo, tan ocupado ahora
en los asuntos que se dirimen en los juzgados por su anterior gestión,
va a ser simplemente el prólogo de un inacabable camino en el que, como
buenos diletantes, los que fueron sus cachorros mimados perfeccionan sus
artes y ganan votos para intentar medrar en su partido, a costa del
interés general y de la salud de la democracia.
