El torticero procedimiento seguido para tramitar la concesión de la preceptiva Licencia de Obras para las instalaciones de la sede central del servicio y para la planta de transferencia de basuras, no sólo está representando una chapuza de procedimiento, tanto del administrativo como urbanístico, sino que encima, nos está costando muchos millones de Euros a los ciudadanos de Torrevieja, que por una u otra causa han dejado de ingresarse en las Arcas Municipales.
Se ha perdido o se ha dejado de ingresar mucho dinero
Algunas tasas e impuestos municipales no han llegado a cuantificarse, pero cuando se ha hecho, hemos podido comprobar que su importe ha sido por lo general bastante considerable, todo ello en función de la magnitud del proyecto previsto o de las obras ejecutadas y en funcionamiento desde el año 2005.
La valoración y cuantificación económica que los propios técnicos municipales hacen de algunos de estos gravámenes es verdaderamente significativa, representando importantes cantidades de dinero que en la actualidad deberían de ser absolutamente irrenunciables para poder cuadrar con olgura las cuentas municipales y para mejorar el capítulo de ingresos del presupuesto que tan necesitado está de recursos desde que estalló la burbuja inmobiliaria y cayeron en picado los ingresos del I.C.I.O. y demás tasas e impuestos por obras y actividades urbanísticas.
En el tema de la planta de basuras que desde el año 2005 explota la mercantil Acciona en la Finca Casa Grande junto a la Carretera de la Marquesa, destaca por su cuantía el canon de uso y aprovechamiento, equivalente a la cuantía correspondiente al coste económico que se derivaría de la transformación de un suelo urbanizable para la obtención de una parcela de superficie, uso y aprovechamiento equivalente a la vinculada por la declaración de interés comunitario.
La cuantía calculada por los técnicos municipales por dicho concepto asciende a la nada desdeñable cifra de 1.368.127,87 Euros, importe que tenía que haberse hecho efectivo en el año 2004 en el momento de la firma del contrato para la adjudicación de la recogida de R.S.U., o a más tardar en 2005, siempre antes de la apertura y entrada en funcionamiento de sus instalaciones.
El Alcalde y los Concejales del Partido Popular siguen entreteniendo el expediente y mareando la perdiz para que la mercantil adjudicataria del servicio pase olímpicamente de cumplir con sus obligaciones legales y fiscales, con el único objetivo de regularizar el asunto cuando se disponga de la aprobación definitiva del proyecto de Urbanización del denominado Sector 30 Ecoparque Industrial en el que se pretende reubicar todas estas instalaciones junto con otras de nueva creación.
Se ha perdido o se ha dejado de ingresar mucho dinero
Algunas tasas e impuestos municipales no han llegado a cuantificarse, pero cuando se ha hecho, hemos podido comprobar que su importe ha sido por lo general bastante considerable, todo ello en función de la magnitud del proyecto previsto o de las obras ejecutadas y en funcionamiento desde el año 2005.
La valoración y cuantificación económica que los propios técnicos municipales hacen de algunos de estos gravámenes es verdaderamente significativa, representando importantes cantidades de dinero que en la actualidad deberían de ser absolutamente irrenunciables para poder cuadrar con olgura las cuentas municipales y para mejorar el capítulo de ingresos del presupuesto que tan necesitado está de recursos desde que estalló la burbuja inmobiliaria y cayeron en picado los ingresos del I.C.I.O. y demás tasas e impuestos por obras y actividades urbanísticas.
En el tema de la planta de basuras que desde el año 2005 explota la mercantil Acciona en la Finca Casa Grande junto a la Carretera de la Marquesa, destaca por su cuantía el canon de uso y aprovechamiento, equivalente a la cuantía correspondiente al coste económico que se derivaría de la transformación de un suelo urbanizable para la obtención de una parcela de superficie, uso y aprovechamiento equivalente a la vinculada por la declaración de interés comunitario.
La cuantía calculada por los técnicos municipales por dicho concepto asciende a la nada desdeñable cifra de 1.368.127,87 Euros, importe que tenía que haberse hecho efectivo en el año 2004 en el momento de la firma del contrato para la adjudicación de la recogida de R.S.U., o a más tardar en 2005, siempre antes de la apertura y entrada en funcionamiento de sus instalaciones.
El Alcalde y los Concejales del Partido Popular siguen entreteniendo el expediente y mareando la perdiz para que la mercantil adjudicataria del servicio pase olímpicamente de cumplir con sus obligaciones legales y fiscales, con el único objetivo de regularizar el asunto cuando se disponga de la aprobación definitiva del proyecto de Urbanización del denominado Sector 30 Ecoparque Industrial en el que se pretende reubicar todas estas instalaciones junto con otras de nueva creación.
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